lunes, 27 de abril de 2020

El ingreso mínimo vital, efeméride o catástrofe apocalíptica.



Estos días se está generando un debate en torno al ingreso mínimo vital, medida que el gobierno de coalición PSOE + UP piensa sacar adelante. La cual ha provocado un gran revuelo y ha sacado del armario viejas argumentaciones alarmistas y desproporcionadas por parte de las derechas y otras sumamente triunfalistas por parte de las izquierdas:


Primero habría que definir qué es el ingreso mínimo vital, en-sí no es más que un mecanismo económico para dar liquidez a quien no tiene ingresos declarados o tiene muy pocos. En el caso español se trataría de personas que ingresan una cantidad inferior a doscientos euros mensuales en el caso de ser para una persona y de cuatrocientos cincuenta siendo dos.


Respecto al montante a abonar, de momento se hipotetiza con una cantidad que ronda los quinientos el más bajo y a partir de ahí complementos en función de personas en el hogar e hijos a Cargo.[1]


Para entender cómo podría funcionar pongamos como ejemplo de lo que podría ser este Ingreso mínimo vital el salario social asturiano. La cantidad a abonar son 448.28[ii]€. Para poder acceder a él las personas demandantes tienen que cumplir una serie de requisitos[iii]. Una vez analizado el caso y aprobado, se procedería a realizar el ingreso.


Algunas cuestiones que conviene aclarar respecto a este salario social. No lo percibe una persona, sino una unidad económica de convivencia (UEC), es decir, quienes cohabitan en la vivienda, y no, no pueden percibirla los distintos miembros, sólo uno por UEC. Aclarado este punto cabe destacar otro más acerca de la intervención, pues en Asturias una vez solicitado y adjudicado este Salario Social se suscribe al Programa personalizado de incorporación social (PPIS) a la persona. Esto se hace para evitar el asistencialismo de la prestación económica.


A simple vista parece óptimo, pero la realidad es mas tozuda e imperfecta y las buenas ideas son irrealizables si no se dotan de personal y fondos. De esta forma la norma acaba siendo la falta de personal de intervención (de educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en integración social, etc.) y esto mismo genera que la medida sea meramente asistencialista. Y convirtiendo en muchos casos al personal en meros gestores de ayudas saturadosy los PPIS acaben siendo más un papel que una realidad. De esa saturación viene otro problema más, el tiempo de espera. Para recibir el salario social el plazo entre el inicio de la solicitud, la aceptación y el ingreso termina siendo de media de seis meses.


Una vez visto este ejemplo podéis ver como por sí sola esta no deja de ser una medida asistencialista que podría tomar cualquier tipo de gobierno ante una situación de desamparo de una parte de la población o ante una tesitura de crisis (como por ejemplo en la que nos encontramos). 


Ahora bien, hay que tener en cuenta que estas medidas siempre deben ir aparejadas de una parte social dado que la mayoría de las personas que se “benefician” de este tipo de ayudas tienen otras problemáticas a parte de las económicas. Esto quiere decir que necesitarían de una intervención específica de los Servicios Sociales correspondientes. Dicha intervención debería estar encaminada a la regulación emocional y la independencia económica, básicamente ser capaz de valerte por ti mismo. Y es aquí donde radica uno de los grandes fallos a la hora de tomar este tipo de políticas, no porque no tengan esa parte de intervención sino que en algunos casos está mal planteada y en la mayoría porque no tiene fondos para llevarse a cabo.


Precisamente al convertir este tipo de medidas en algo meramente asistencial el ingreso mínimo vital puede ocasionar problemáticas provenientes de esta medida y es que en vez de conseguir que las personas sean independientes se generan personas con una dependencia crónica del sistema de ayudas. Lógicamente la opción no es quitar las ayudas, porque entonces estaríamos condenándolas a la delincuencia o en el peor de los casos a la muerte porque lo problemas no desaparecen, siguen ahí. Además en el estado de alarma actual ¿qué hará alguien que no tiene que llevar a la boca y tiene que alimentar a su familia? Pues salir a intentar ganarse la vida y dar de comer a su familia.


Las derechas españolas (por suerte no todas como por ejemplo Luis de Guindos) han salido en tropel con aseveraciones realmente catastrofistas, de odio y confrontación y con unas argumentaciones torticeras. Un ejemplo claro de ello es el artículo de opinión que salió en vozpopuli de Alejo Vidal-Quadras[iv] donde por decir no dice nada absolutamente, nada al menos que tenga que ver con el ingreso mínimo vital o algún tipo de soluciones que aportar a los miles de españoles que tienen esta problemática. A lo que se ha dedicado es a “despotricar” contra el gobierno, eso sí, sin sentido ni rigor alguno.


Otro de los argumentos escuchados es: “Así nunca van a trabajar” Esta falacia lo que ignora es que lo que igual no quiere la gente es cobrar un salario de miseria y sin asegurar la mayoría de las horas que trabaja, realidad que se sigue dando en muchos casos, sobre todo en el sector turístico y de restauración.


Hay una realidad inapelable y es que la precariedad laboral lleva asociada irremediablemente el uso de los servicios sociales y la necesidad de este tipo de ayudas u otras. Siendo las personas perceptoras de este tipo de medidas parte de las mas vulnerables ante situaciones de explotación laboral.


Así mismo se hizo una campaña en twitter con el hashtag #DamePaguita. Porque es sabido que todo el mundo puede pagar comida, luz, agua, gas, alquiler o hipoteca, ropa, telefonía, etc con quinientos euros al mes. La verdad es que nadie o casi nadie puede tener una vida digna con este tipo de ingresos. Es curioso que las derechas nunca saquen algo similar con la explotación laboral o con el respeto a las condiciones de trabajo dignas.


En todo caso ahora mismo se trataría de una ayuda de subsistencia. Como ya se dijo arriba, la alternativa nunca puede ser dejar sin amparo a nadie, porque sería peor el remedio que la enfermedad.


Ahora bien, no se debe caer en el triunfalismo ni pensar que esta será una efeméride, pues los servicios sociales seguirán estando colapsados, seguirán funcionando de forma asistencialista si no se le pone remedio y seguirán teniendo titulaciones sin reconocer, en Asturias y algunas otras CCAA por ejemplo siguen existiendo estudios que no tienen categoría laboral alguna, como es el caso de los educadores sociales y los técnicos superiores en integración social entre otros y eso generan que todo lo invertido en la formación de ese personal y lo que puede aportar sea tirado a la basura. Estos son algunos de los problemas que tienen los servicios sociales actualmente, pero ese es otro debate.


En conclusión este ingreso mínimo vital no es ni una medida castro-chavista, ni una panacea. A corto plazo es un paliativo para una situación de necesidad en un estado de pandemia mundial y que puede servir de ayuda a muchos hogares que les urge. A largo plazo no debería ser considerado nada más que una pata (transitoria) hasta la búsqueda de la autonomía de la persona, lo cual no podrá lograrse sino se inicia un proceso de profesionalización y reorganización de los servicios sociales, pues mientras sigamos teniendo un sistema atomizado y colapsado de servicios sociales, el asistencialismo al igual que Thanos, será inevitable.